¿Transición? ¿Qué transición? PCE (r)


1975: el verano del terrorismo de Estado

La transición, esto es, todo el periodo histórico que va desde la muerte de Franco en 1975 a la promulgación de la nueva constitución en 1978, fue una de las situaciones políticas más difíciles y complejas desde la terminación de la guerra en 1939.
El movimiento de masas estaba en plena ebullición; a causa de ello, el régimen se vio completamente acorralado y abocado a un colapso total. Si algo caracterizó nítidamente toda la etapa de transición política era ese auge del movimiento de masas, hasta el punto de que hubo momentos en que llegó a amenazar con derribar todo el podrido régimen explotador. En junio de 1975 la clase obrera había asestado el primer golpe serio a la política aperturista de Arias Navarro con el boicot a las elecciones del sindicato vertical.

En ese marco, las peleas entre los distintos figurones de la transición eran muy secundarias porque aludían al cómo y no al fondo mismo de la reforma. No fueron ellos los protagonistas, ni mucho menos, de la transición, por más que nos traten de hacer creer lo contrario. No hubo más protagonista que las masas con sus luchas que, además, estaban a la ofensiva. De ahí que el gobierno intentara tomar la iniciativa antes de verse desbordado y a tal fin:

— lanza la cruzada terrorista del verano de 1975 para atemorizar a las masas


— se abre (aperturismo) a los reformistas para ocultar su fachada.

Durante el verano de 1975 se produjo una verdadera prueba de fuerza entre el fascismo de viejo cuño y las masas populares, prueba de la que saldría vencedor el movimiento popular de resistencia. Durante los meses de julio y agosto se producen detenciones masivas en las principales ciudades del país, la policía sale a la calle haciendo grandes alardes de fuerza, se producen tiroteos en Madrid y Barcelona donde son detenidos varios militantes de ETA y, en Ferrol, Moncho Reboiras cae asesinado por la policía. En Bilbao la policía habilita la plaza de toros porque los miles de detenidos no caben en los calabozos de comisarias y cuartelillos.

El 22 de agosto de aquel año en el Consejo de Ministros celebrado en La Coruña presidido por Franco, el gobierno promulga un decreto antiterrorista que supone un estado de excepción en toda España y la sentencia de muerte de numerosos antifascistas. Así el régimen espera asegurar su continuidad por medio del terror sistemático, ejercido contra las masas, y lanza a todas sus fuerzas represivas a la calle.
Complementando esta ofensiva terrorista del Gobierno, la prensa y la radio, puestas enteramente a su servicio, desatan una frenética campaña propagandística, del más puro estilo nazi, jaleando esta oleada de detenciones y de terrorismo de Estado, al objeto de sembrar el pánico entre las masas trabajadoras, dividirlas y paralizarlas infundiendo el pánico.

El papel de los reformistas

Nuestro Partido siempre sostuvo que el principal objetivo de la reforma fascista era la integración de los revisionistas y demás grupos políticos domesticados en el régimen con el fin de ampliar la base de éste, darle una apariencia de cambio y proseguir, más intensificada que antes, la explotación y la represión sobre el movimiento obrero y popular.
En marzo de 1976 se había creado Coordinación Democrática, engendro nacido de la boda entre los reformistas y algunas camarillas surgidas del propio régimen. La oposición domesticada no constituyó nunca un frente de lucha contra el régimen, sino una variante del mismo régimen. En sus tinglados –típicos de la época- siempre estuvieron integrados los sectores fascistas que representaban los intereses de un sector importante de la oligarquía y las transnacionales. La muerte del criminal Franco y los sucesivos retoques cosméticos de su régimen no cambiarían nada sustancial. El poder seguiría en manos de aquellos que lo habían venido ostentando durante cerca de cuarenta años, por lo que la reforma democrática no iba a ser sino una máscara tras la que se trataría de ocultar la permanencia del fascismo sin Franco, en contra de las exigencias de verdaderos cambios democráticos que la clase obrera y otros amplios sectores populares venían demandando.

El auge de la lucha de masas y de las acciones del movimiento armado había obligado a los reformistas a agruparse primero, y después a abandonar toda veleidad de ruptura con el régimen: El fascismo no ha cambiado, solo pretende camuflarse […] El lugar de Franco ha sido ocupado por las instituciones creadas por los fascistas en el curso de los últimos 40 años. Por eso se puede decir que nada esencial ha cambiado. La base económica monopolista del régimen se mantiene intacta, el Ejército que estranguló las conquistas populares sigue en su sitio, los burócratas y la policía son los mismos, incluso más especializados, y oprimen y torturan igual que en vida de Franco. Es cierto que han dado algunos retoques, pero en todos los casos, como el de la ‘desaparición’ del Movimiento, esos retoques los han hecho para reforzar al mismo Estado fascista y explotador . (1)

El gobierno traza un plan para camuflar las anteriores instituciones fascistas como las Cortes y el Consejo Nacional del Movimiento, dándoles otro nombre e introduciendo en ellas a algunos políticos vendidos y corruptos, planeando, como colofón de esta operación reformista, la elaboración de una Constitución fraudulenta que consagre a la monarquía introducida por Franco como la forma de Estado y preserve todos los intereses y los privilegios económicos y políticos de las castas dominantes.

La sustitución del Tribunal de Orden Público por la Audiencia Nacional fue otro de aquellos cambios cosméticos de la transición, saludado por los oportunistas como un gran logro: desaparecía un tribunal fascista; pero se olvidaban de añadir que aparecía o, mejor dicho, reaparecía, con otro nombre, el mismo día de enero de 1977. Es uno de los emblemas de la transición: la Audiencia Nacional tenía la misma sede, los mismos funcionarios, los mismos jueces, los mismos fiscales y las mismas leyes. No había cambiado nada más que el nombre. Era un tribunal ilegalmente constituido porque ni siquiera con las leyes fascistas se podían crear órganos judiciales por decreto-ley del gobierno. Pero a nadie pareció importar que durante años un tribunal ilegal pretendiera aplicar la ley e imponer largas condenas a los revolucionarios. Los fascistas hablaban del respeto a unas leyes que ni los mismos que las habían promulgado respetaban, ¿cómo íbamos a respetarlas nosotros?

El maquillaje del régimen

Los cambalaches de la oposición domesticada con el gobierno fascista se aceleraron tras la masacre de Vitoria, porque el régimen necesitaba recurrir a ellos para frenar el auge del movimiento de masas, y no por otras razones. Los monopolistas, de acuerdo con el Ejército y las altas jerarquías de la Iglesia, encomiendan a Suárez la tarea de ampliar la base social del régimen, permitiendo para ello la legalización de algunos partidos reformistas, en particular el partido de Carrillo, que tanto se había distinguido ya en su colaboración con la represión. El PCE logró entonces materializar la política de reconciliación con los explotadores que venía proponiendo desde 1956. Con permiso de la policía, Carrillo vivía en Madrid en una chalet de lujo en El Viso desde el 7 de febrero de 1976, sólo cuatro meses después de los fusilamientos de los cinco antifascistas. Continúan sus contactos con los servicios secretos fascistas en Rumanía, por un lado, y con Suárez por el otro, a través de varios intermediarios en Francia. En diciembre preparan el montaje de la detención, le trasladan al hospital penitenciario y luego le ponen en libertad. A comienzos de 1977, mientras la policía masacra a los manifestantes en Madrid, se produce ya una entrevista directa entre Suárez y Carrrillo, en la que Suárez exigió tres requistos que el PCE aceptó gustoso:

— cambio de los Estatutos del Partido


— acatamiento de la monarquía

— aceptación de la bandera fascista como símbolo de la unidad de España.

Carrillo no opuso ningún obstáculo. El general y ministro del gobierno Gutiérrez Mellado, un personaje oscuro de los servicios secretos, consultó la legalización con los jefes del Estados Mayores de las tres armas. Su legalización en abril de 1977 fue el premio que le otorgaron los fascistas por todas sus traiciones pasadas, presentes y futuras (porque no acabaron entonces). La presentación del PSOE en sociedad fue más descarada. Ya el 19 de octubre de 1974 Felipe González concedía una entrevista a El Correo de Andalucía para explicar el Congreso que habían celebrado en Suresnes y su primera rueda de prensa la convocaron el 16 de abril de 1975. Franco aún ocupaba su sillón en El Pardo.

La política de todos los reformistas de la época se resume en servilismo y colaboración con la demagogia, que es una colaboración también con sus crímenes: el mismo día del referéndum de diciembre de 1976, brutalmente apaleado por la policía, era asesinado el joven Ángel Almazán. El silencio, primero, y las hipócritas peticiones de investigación al gobierno después, mostraban su cómplicidad con los peores crímenes fascistas.
Desde muchos meses antes de la muerte de Franco la oposición domesticada venía pronunciando conferencias, mítines, artículos, etc., para predicar el pacifismo, el legalismo y la sumisión, y para cubrir de calumnias a los antifascistas que, a partir de entonces dejamos de serlo y nos convertimos en terroristas.

La verdadera novedad de la transición fue esa ampliación de la base social del franquismo, integrando a todos aquellos grupos políticos que desde hacía ya bastante tiempo habían traicionado a la verdadera democracia y se habían distinguido por su colaboración con las fuerzas represivas.
El referéndum de diciembre de 1976 dejó al descubierto el alcance de la reforma fascista. Lo que se decidió entonces fue convocar una elecciones legislativas para modificar lo que se denominaban las Leyes Fundamentales del Movimiento. Por tanto, no habría ninguna ruptura con el régimen anterior, que estaba dispuesto a continuar con una nueva fachada. Las elecciones legislativas fueron convocadas para el 15 de junio del año siguiente y, una vez celebradas, los diputados electos cometieron un nuevo fraude y se autoproclamaron en asamblea constituyente, algo para lo que no habían sido elegidos. Volvieron a engañar a sus votantes y se pusieron a redactar una Constitución fraudulenta que nadie les había encomendado.
Antes los revisionistas habían defendido la ruptura como la mejor salida para el aislamiento del régimen, e incluso habían desatado movilizaciones para presionar en esa línea. Ahora ya ni siquiera abogaban por la ruptura; les habían obligado a tragar las migajas porque la crisis era mucho más profunda. Desde entonces los revisionistas se dedicaron a sabotear el movimiento, a desmovilizar a las masas frente a las arremetidas furiosas de la reacción y a calificar como provocación cada una de las acciones del movimiento popular.

Los fracasos de los domesticados en su política de controlar a las masas les colocó en una posición tan débil y servil respecto al gobierno, que el propio falangista Suárez salió como prohombre de la democratización dando de lado sus ofrecimientos de colaboración.
Las elecciones del 15 de junio que se autoproclamaron constituyentes se celebraron bajo un estado de excepción y sin la legalización de todos los partidos políticos. El PSOE primero y el PCE después, traicionaron a los oportunistas de izquierda con los que habían llegado al acuerdo en los tinglados unitarios, de que ninguno aceptaría participar en unas elecciones si no eran legalizados todos los partidos. Pues bien, el PCE sólo fue legalizado dos meses antes de las elecciones y todas las demás organizaciones y grupos se quedaron fuera.
Si a todo esto añadimos el estado de excepción y la escalada represiva desatada, es obvio constatar que aquellas elecciones y la Constitución que surgió de ellas, carecen de todo valor y no puede ser reconocidas como tales.

(1)Manuel Pérez: La clase obrera tiene su propio Partido, su línea política y sus propios métodos de lucha y de organización, Informe Político al II Congreso, 1977.

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